Como si se tratara de un bumerán, así se puede resumir la situación jurídica en la que se encuentran exempleados y altos directivos del emblemático Hotel Irotama Resort, luego de una demanda en la que alegaban que sus vecinos (el lote contiguo donde hoy se erige el hotel Mercure) no tenía visible su licencia de construcción.

Los involucrados en este embrollo jurídico son el presidente de la junta directiva del Irotama, Héctor Mario Díaz Herrera (hijo del fundador); Margarita María Perdomo Martínez, vicepresidenta para el momento de los hechos; José Alfredo Noches Ramírez, Jefe de Seguridad para el momento de los hechos; Gloria Patricia Díaz Toro, funcionaria del hotel; Rubén Dario Sossa Álvarez, gerente de Irotama 21 para la época y Carmen Parra, gerente del Irotama, quienes enfrentan cargos por presunto falso testimonio y fraude procesal.

¿Pero cómo se originó todo esto? La historia se remonta al año 2004, cuando el constructor Jorge Díaz, a través de su empresa Hecol Ltda, compró un lote ubicado al lado de complejo hotelero en mención. Desde ese momento iniciaron los enfrentamientos legales que se empezaron a resolver en los estrados judiciales.

El primero de esos episodios se dio cuando Díaz intentaba ingresar a su predio. No resultó tan fácil, pues durante mucho tiempo el Irotama se había adueñado de la vía pública, y tenía instalada una garita en la vía de acceso a todos los predios, de modo que al propietario del lote, le tocaba pedir permiso al hotel, para poder entrar a su propiedad.

Pese a que el dueño del lote contiguo al Irotama solicitó que le respetaran su derecho a circular, como a cualquier ciudadano, los intentos resultaron fallidos. Cuando parecía que las cosas no podían complicarse más,  se dio otra situación adversa para el constructor vecino del Irotama: su licencia de construcción le fue revocada; en ese entonces el alcalde era José Francisco Zúñiga Riascos.

Fue hasta el 2011, cuatro años después, que el constructor pudo ver una luz de esperanza, cuando una funcionaria de la Alcaldía que conoció su caso, evidenció que le estaban vulnerando sus derechos y reconoció que las querellas que interpuso el constructor le daban la razón. A raíz de esto, el alcalde de ese momento, Juan Pablo Díaz Granados, firmó una resolución en la que se ordenaba la demolición de la garita, muros y toda la infraestructura que impedía a Díaz ingresar y adelantar la construcción en su predio.

Paralelamente a esto, Díaz logró demostrar que su licencia de construcción fue revocada casi que ilegalmente, por lo que un juez ordenó una indemnización por los daños causados y que se le otorgara la debida licencia para que pudiera adelantar su proyecto inmobiliario. 

En el año 2012, el entonces alcalde Carlos Caicedo le dio cumplimiento a la resolución de su antecesor y procedió con la demolición de la garita y varios muros que se habían construidos en espacio público. La situación generó controversia y opiniones divididas en su momento.

Presuntos falsos testimonios

En medio de ese contexto, los enfrentamientos judiciales entre el Hotel Irotama y la empresa Hecol Ltda no pararon. Un nuevo proceso por urbanización ilegal debió enfrentar Jorge Díaz, donde se le señalaba, entre otras cosas, de haber iniciado una construcción sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Entre las pruebas que se aportaron al proceso se dieron declaraciones extrajuicio de los directivos y empleados (para el momento de los hechos) del hotel Irotama, donde se narraban los hechos por los cuales se consideraba que sus vecinos estaban violando la normativa de construcción.

Cuando el Fiscal del caso inició la investigación y se comenzaron a hacer las indagaciones a los testigos, al parecer, descubrieron indicios que apuntaban a que estas personas habrían dado sus versiones direccionadas, respondiendo a versiones prediseñadas con el único fin de torpedear el proyecto del hotel vecino al Irotama.

Mientras tanto, en primera y segunda instancia, la Justicia le dio la razón al constructor Jorge Díaz, pues se demostró que con su proyecto no violó las leyes y, por el contrario, quedó por sentado que había cumplido con la normativa existente en Colombia para la realización de obras de construcción.

En cambio, las autoridades judiciales iniciaron una investigación a los testigos del caso por falso testimonio y fraude procesal. Seguimiento.co conoció que el pasado 29 de agosto se llevó a cabo una de estas diligencias, pero ninguno de los citados se habría presentado, por lo que tuvo que ser aplazada.

Hoy martes, a las 8:30 a.m., se pactó la nueva cita para la audiencia de solicitud de imputación de cargo en el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Garantías de Santa Marta. ¿En qué terminará este proceso?